A una semana de anunciarse el acuerdo comercial bilateral, Argentina avanzó en un paso decisivo para el intercambio de datos estratégicos con los Estados Unidos. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) firmó un acuerdo de cooperación aduanera que modifica el modo en que ambos países compartirán información y que, según fuentes del sector, podría tener efectos directos en el esquema de retenciones agropecuarias.

“Hoy firmamos un convenio de cooperación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), un paso clave para profundizar la modernización, la digitalización y la automatización de los procesos aduaneros entre ambos países”, comunicó el organismo. La rúbrica se llevó a cabo en Washington con la presencia del titular de la ARCA, Juan Pazo, el director general de Aduanas, Andrés Veliz, y el subcomisionado Ejecutivo Adjunto de la CBP, Donald R. Stakes.

Un acuerdo que moderniza y refuerza controles

Desde ARCA destacaron que el convenio permitirá fortalecer la coordinación bilateral, potenciar la detección temprana de amenazas y combatir delitos transnacionales, en línea con los estándares de la Organización Mundial de Aduanas. Además, la cooperación con la CBP promete reducir tiempos logísticos, aumentar la competitividad del sector privado y avanzar hacia una Aduana totalmente digital, sin trámites presenciales ni documentación en papel.

Este avance formaba parte de los compromisos que el Gobierno había anticipado a los sectores agroexportadores, con los que mantiene un diálogo permanente. Según una fuente consultada en reserva, los países “trabajarán en intercambiar información sobre el mercado de soja”. Aunque aclaró que el comercio depende de la interacción entre empresas y de la dinámica de la oferta y la demanda, el tema genera expectativas y también cautela.

El capítulo soja y las retenciones: señales cruzadas

En el marco del acuerdo difundido por la Casa Blanca, ambos gobiernos se comprometieron a cooperar para facilitar la inversión y el comercio de minerales críticos, además de trabajar juntos para estabilizar el comercio mundial de soja. Este punto reavivó el debate sobre el llamado tax holiday, impulsado por el economista y empresario Arthur Bessent, que planteaba un escenario de retenciones bajas o nulas.

El antecedente inmediato es reciente. A fines de septiembre, ante la urgencia de dólares y la presión sobre el tipo de cambio, el Gobierno argentino anunció “retenciones cero” para los principales cultivos con un cupo de U$S7.000 millones. La medida duró menos de tres días y coincidió con las negociaciones por un swap de U$S20.000 millones con Estados Unidos, lo que generó malestar entre los farmers norteamericanos.

Según una fuente vinculada al sector, en Estados Unidos “no quieren que la Argentina implemente esquemas de beneficios que lleven a desplazar la soja americana de China”. Consultados sobre si esto podría complicar el compromiso del Gobierno con el campo para reducir retenciones, reconocieron que esa promesa podría encontrarse con “cierta dificultad”.

Desde la Cancillería buscan despejar dudas. El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, sostuvo en A24 que “la Argentina mantiene su soberanía impositiva y su decisión sobre su marco regulatorio”, negando que Washington haya pedido mantener las retenciones.

Una relación histórica que se recalibra

La cooperación aduanera entre ambos países no es nueva: se remonta a los años 90. Estados Unidos cuenta con una Unidad de Transparencia Comercial que rastrea tendencias globales y monitorea eventuales maniobras de blanqueo a través del comercio (TBML). Ese sistema se nutre de alianzas con organismos análogos, como ARCA.

Una fuente que conoce el funcionamiento del organismo argentino planteó que, dentro del intercambio de información, “Estados Unidos podría introducir una cláusula para que el Gobierno argentino anticipe cualquier decisión de baja de retenciones”, como ocurrió durante el breve experimento de septiembre.

Financiamiento externo para modernizar la ARCA

En paralelo, la necesidad de dólares llevó al equipo económico a gestionar financiamiento internacional para reforzar la infraestructura administrativa. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo por U$S1.200 millones, de los cuales U$S800 millones están destinados a apoyar reformas tributarias orientadas a mejorar la eficiencia y la equidad del sistema fiscal. Entre las medidas proyectadas figuran la simplificación de los procesos de declaración del IVA y del Impuesto a las Ganancias personales.

A eso se suma un proyecto del Banco Mundial (BM) por U$S 300 millones, orientado a mejorar la eficiencia, la transparencia y la automatización de la administración tributaria. Consultadas en su momento, fuentes oficiales de ARCA no precisaron el destino exacto de esos fondos.